Aseguran que el Gobierno del PRM conocía el riesgo de sequía y cuestiona la falta de planificación preventiva.
SANTO DOMINGO.– El partido Fuerza del Pueblo (FP) propuso al Gobierno iniciar un plan integral para enfrentar la sequía y reducción de la disponibilidad de agua que afecta los acueductos, la agricultura, la ganadería, los sistemas de riego, los embalses y la vida cotidiana de miles de familias en la República Dominicana.
Propuso que todavía es posible reducir sus efectos mediante acciones preventivas, planificación y una adecuada asignación de recursos.
En una rueda de prensa Hamlet Otáñez, titular de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento y Arturo Socías, de Gestión de Cuencas Hidrográficas de la Fuerza del Pueblo, plantearon varias medidas para proteger las fuentes de agua, mejorar la gestión de las cuencas y garantizar el abastecimiento a la población.
Otáñez sostuvo que la situación actual no tomó por sorpresa a las autoridades, debido a que desde 2025 organismos internacionales venían recomendando a los países prepararse frente al estrés hídrico mediante planificación, protección de las fuentes, reducción de pérdidas y reservas financieras.
Recordó además que el presidente Luis Abinader participó el 21 de agosto de 2025, en Santo Domingo, en un diálogo de la FAO y el SICA sobre seguridad alimentaria, agua y resiliencia frente a la sequía.
Otáñez cuestionó que, pese a esas advertencias, el Presupuesto General del Estado de 2026 no contemplara una partida preventiva específica para enfrentar los efectos de El Niño o una eventual sequía y que la reformulación presupuestaria realizada posteriormente tampoco identificara un programa específico para esos fines.
El dirigente señaló, además, que la asignación presupuestaria destinada al riego para 2026 fue 17.7 % menor que la presupuestada en 2025.
Ante ese escenario, la Fuerza del Pueblo demandó la presentación de un Plan Nacional frente a la Sequía, con medidas concretas, responsables, metas, cronograma y recursos claramente identificados.
También propuso establecer una reserva financiera específica que permita disponer oportunamente de fondos para pozos, bombas, tuberías, reparación de averías, tanques y abastecimiento de emergencia.
Por su parte, Arturo Socías advirtió que los efectos de la sequía se agravan cuando durante años se deterioran las cuencas productoras de agua, se pierde cobertura vegetal, aumentan los incendios y la erosión de los suelos, se extraen materiales de los ríos, se ocupan zonas ribereñas y continúan los vertidos contaminantes.
Explicó que esas condiciones reducen la capacidad de las cuencas para captar, infiltrar y regular el agua durante los períodos secos.
Socías planteó activar un Plan Nacional de Sequía por cuencas; proteger y restaurar las zonas productoras de agua; combatir la extracción ilegal de materiales y los vertidos contaminantes; coordinar con las juntas de regantes el uso del agua y los calendarios de siembra.
También propuso reparar canales, compuertas y reservorios, y publicar semanalmente información sobre la cantidad y calidad del agua disponible.
El dirigente también se refirió a infraestructuras estratégicas como el proyecto multipropósito de Monte Grande, inaugurado en enero de 2024, sobre el cual indicó que todavía requiere componentes fundamentales para lograr el aprovechamiento integral del agua almacenada, particularmente en conducción y riego.
Sobre la presa de Hatillo, sostuvo que las informaciones relativas a cambios de coloración, algas y posibles problemas de calidad del agua requieren vigilancia permanente e información pública transparente por parte de las autoridades.
En materia de agua potable, Otáñez sostuvo que también faltó anticipación y señaló que no existe evidencia pública de que las advertencias meteorológicas fueran convertidas oportunamente en un plan preventivo, presupuestado y verificable para el INAPA, la CAASD, CORAASAN y las demás entidades prestadoras.
Indicó que prepararse ante una sequía supone anticipar dónde se producirán los déficits, reducir las pérdidas de las redes, rehabilitar fuentes alternativas, aumentar el almacenamiento e interconectar sistemas antes de que las fuentes alcancen niveles críticos.
La Secretaría de Agua Potable y Saneamiento propuso, entre otras acciones, activar planes de contingencia en todas las prestadoras; monitorear semanalmente las fuentes, la producción, la demanda y el riesgo de déficit; ejecutar un programa extraordinario para reducir fugas y pérdidas.
Cree que se deben rehabilitar pozos y fuentes alternativas; acelerar las interconexiones entre sistemas; aumentar el almacenamiento estratégico y preparar desde ahora los mecanismos de distribución de emergencia.
La organización puso especial atención en las pérdidas de agua ocasionadas por fugas, averías, redes deterioradas y deficiencias operativas.
Otáñez sostuvo que cada galón perdido en esas condiciones representa agua que posteriormente tendrá que obtenerse mediante pozos, bombeo desde otras fuentes o distribución a través de camiones cisterna, por lo que consideró que la reducción de pérdidas debe convertirse en una prioridad nacional.
La Fuerza del Pueblo sostuvo que la situación hídrica no debe abordarse únicamente como un fenómeno meteorológico y llamó a combinar la protección de las cuencas con la administración eficiente del agua disponible, inversión preventiva, información transparente y decisiones oportunas.
En ese sentido, planteó que la prioridad debe concentrarse en proteger las fuentes, preservar el agua existente y garantizar el abastecimiento para consumo humano y la producción de alimentos.
Al concluir el pronunciamiento, Otáñez resumió la posición de la organización al señalar: “El agua debe administrarse antes de que falte, no después de que la crisis ya esté en las casas de la gente”.
La Fuerza del Pueblo reiteró su solicitud de que el Gobierno presente públicamente un Plan Nacional frente a la Sequía con medidas, responsables, metas, cronograma y recursos identificados.
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